Por Periodista 23
La voz más alta del béisbol en República Dominicana agotó un turno para que se le escuche en el Congreso y en el Palacio Nacional antes de que se apruebe un proyecto de ley, a todas luces bien intencionado, pero que entiende no responde a la realidad nacional.
El inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, está opuesto a la pieza sometida por el senador José María Sosa que obliga a cursar el primer grado de la educación media a los jóvenes que son firmados por equipos profesionales de béisbol y otras disciplinas deportivas.
“Sólo en el béisbol, que es el deporte que mejor conozco, el número de 450 peloteros que aproximadamente son firmados anualmente se reduciría a 45 y creo que me estoy excediendo”, advirtió Marichal, quien es, además, titular de la Asociación Dominicana de Agentes Representantes de Béisbol.
Consecuencias
Declaró que ello traería como consecuencia que las 30 academias que las organizaciones de Grandes Ligas tienen operando aquí optarían por abandonar la plaza.
Declaró que ello traería como consecuencia que las 30 academias que las organizaciones de Grandes Ligas tienen operando aquí optarían por abandonar la plaza.
Argumentó que el problema de acceso a la educación en el país es grave y que por ello un 16 por ciento de la población es analfabeta, porcentaje que se acrecienta considerablemente en los estratos pobres, que es de donde proceden la mayoría de beisbolistas criollos.
La pieza se está debatiendo en la Comisión de Educación del Senado, la cual preside la profesora Cristina Lizardo.
“Nosotros estamos convencidos de que los legisladores actúan de buena fe, pero al parecer no poseen los conocimientos que requiere el caso”, expresó.
Marichal confesó que en tales circunstancias él no hubiera podido hacer carrera en el béisbol porque no alcanzó el primero del bachillerato.
“Yo fui un dichoso... El resto ustedes lo conocen”, subrayó.
De su lado, David Toribio, vicepresidente de Adomarbe, que la industria del béisbol le genera al país más de 500 millones de dólares cada año y crea miles de empleos directos e indirectos.
“Eso es un draft disfrazado, un atentado contra los derechos humanos el hecho de que a una persona se le excluya de la posibilidad de ocupar una posición importante en un deporte que no tiene esa exigencia y que los dueños de la industria no la aplican”, puntualizó Toribio.
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