Al llegar este martes la fecha establecida para el inicio del diálogo entre República Dominicana y Haití crecen las expectativas sobre los posibles resultados, así como por la seguridad en el escenario seleccionado en Juana Méndez, territorio haitiano, próximo a la frontera con República Dominicana, cuyo inicio se ha pautado para las once de la mañana..
Con relación a esta reunión, Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), se pronunció este domingo, manifestando que espera que no se produzcan incidentes en la frontera en momentos en que las comisiones dominicana y haitiana se encuentren, ya que podría peligrar la seguridad de los funcionarios dominicanos en ese lugar.
Solicitó al ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, tomar las medidas correspondientes para garantizar la vida de los comisionados dominicanos, y reforzar la frontera.
Asimismo, el diputado de la FNP, Pelegrín Castillo, estimó que existe una baja expectativa en la población sobre el diálogo que sostendrán las comisiones bilaterales en la comunidad de Juana Méndez, y entiende que el diálogo es la primera opción, pero que en la misma no se deben tratar los temas concernientes a la soberanía y la autodeterminación del Estado dominicano.
Sin embargo, funcionarios de República Dominicana y Haití han entrado en contradicción sobre la agenda que se trataría en la reunión, y es que mientras unos indican que no se discutirá sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los principios para obtener la nacionalidad dominicana, otros señalan que ese debe ser el tema principal.
La prensa haitiana recoge declaraciones del canciller de ese país, Pierre-Charles Casimir, indicando que en la reunión se tratarán temas de interés binacional, “principalmente el de la sentencia que desnacionaliza a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana”.
No obstante, del lado dominicano, el ministro de Interior y Policía y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, José Ramón Fadul y César Pina Toribio, respectivamente, afirmaron que ese tema no será tratado en la reunión programada para este martes en la sede de la empresa textilera Grupo M, ubicada en la ciudad haitiana de Juana Méndez.
Pero un cable de la agencia internacional de noticias informa que autoridades haitianas y dominicanas se reunirán este martes para tratar sobre inmigración.
Específicamente, dice que autoridades de Haití y República Dominicana se reunirán en la frontera para abordar el asunto migratorio, agravado tras una sentencia dominicana que fija criterios para adquirir la nacionalidad y afecta especialmente a descendientes de haitianos.
En la cita bilateral, que se celebrará en la localidad fronteriza de Juana Méndez (Haití), también se tratará sobre el comercio, el medio ambiente y la seguridad entre los países vecinos, según las fuentes en Santo Domingo, señala el cable.
La delegación dominicana estará integrada por los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el de Industria y Comercio, José del Castillo, así como por el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.
Mientras que el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, encabezará la misión de su país, que completarán el canciller, Pierre Richard Casimir; los ministros del Interior, David Bazile, y de Economía, Wilson Laleau, así como el economista Nesmy Manigat, según informan autoridades haitianas.
La cita de Juana Méndez será la primera formal entre ambos países para tratar el asunto migratorio tras la reunión que sostuvieron el presidente dominicano, Danilo Medina, y el haitiano, Michell Martelly, el pasado 16 de noviembre en Venezuela, y luego del anuncio del restablecimiento del diálogo a través de una comisión de alto nivel con cinco miembros de cada país.
Como observadores en Juana Méndez participarán representantes de la ONU, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (Caricom) y del Gobierno de Venezuela, según las fuentes oficiales.
El Tribunal Constitucional (TC) dominicano resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".
Las autoridades dominicanas aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia a través del Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, que el Gobierno de Medina aprobó recientemente.
La sentencia del TC, que afecta principalmente a personas de origen haitiano, fue criticada por el Gobierno de Haití y otros países del Caricom.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, expuso que el fallo tiene un efecto discriminatorio y que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana -en su mayoría afrodescendientes-, y criticó que la sentencia genera la condición de apátridas.
El ministro Montalvo señaló el pasado 2 de enero que el Gobierno dominicano acude a la mesa del diálogo a trabajar "con empeño y buena fe para conversar de manera franca, directa y sincera, a fin de abordar satisfactoriamente temas que históricamente se han relegado" y que ambos países "entienden que es el momento de definirlos".
Montalvo enfatizó que "todas las esperanzas están cifradas en que de estas conversaciones surjan propuestas y soluciones que aporten al bienestar y al desarrollo tanto de República Dominicana como de Haití".
Por su parte el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la aplicación del Plan Nacional de Regularización no está sujeta al diálogo entre República Dominicana y Haití.
Se recuerda que Pina Toribio había manifestado hace varias semanas que “no hay marcha atrás” con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y dijo que toda conversación que se realice con el Gobierno haitiano, como la pautada para el 7 de enero próximo, debe ser siempre respetando y acatando la sentencia.
“No hay marcha atrás con la sentencia. La conversación tiene que estar dirigida a los mecanismos que la República Dominicana pueda poner en movimiento respetando y ejecutando la sentencia pero que, además, pueda resolver los asuntos de carácter humanitario que están envueltos en esto”, sostuvo César Pina Toribio.
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