Por Periodista 23.
SAN PEDRO DE MACORIS. Los jueces y juezas de este Departamento Judicial se sumaron este lunes a lo que denominan la “Lucha por la Autonomía del Poder Judicial” realizada a nivel nacional, en la que reclaman la entrega del 2.66 por ciento de los ingresos del Estado a ese poder del Estado.
Los magistrados se colocaron frente al Palacio de Justicia local donde leyeron un documento contentivo de sus reclamos.
El documento fue leído en diferentes partes por los magistrados José Manuel Méndez Castro, presidente de la Corte Civil y Comercial; José Manuel Glass Gutiérrez, presidente de la Corte de Apelación Penal; y Juan Tomás Mercedes Payano, presidente de la Corte de Laboral.
Estaban acompañados de jueces y juezas de otros tribunales que operan en el Palacio de Justicia local.
Mediante el referido documento se quejaron de que, pese a lo dispuesto por la Constitución y el mandato legal, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han puesto de acuerdo para negar al Poder Judicial el presupuesto que la ley le asigna, haciéndolo un poder económicamente dependiente, carente de autonomía y, consecuentemente, de independencia.
Consideran que no se ha hecho justicia a la justicia, ni aún con el mínimo vital que reclama nuestra forma de estado social y democrático de derecho.
Señalan los jueces que ese desconocimiento de la Constitución y la ley se pone de manifiesto en el hecho de que para el 2016, el Consejo del Poder Judicial solicitó una asignación de 10 mil 983 .3 millones, pero el poder político solo le aprobó 5 mil 606.6 millones, lo que significa menos del 50 por ciento de lo solicitado y mucho menos de lo que acuerda la referida ley 194-04, lo que constituye una violación flagrante del mandato legal.
Señalan que esa situación ha generado una grave situación financiera que afecta, de manera dramática a todo el Poder Judicial, situación que revela que el 72.75 por ciento se destina a remuneraciones y contribuciones y el 22 por ciento se dedica a gastos fijos.
Añaden que eso incluye la cobertura de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la operación de los tribunales a nivel nacional y los fondos destinados a la Escuela Nacional de la Judicatura, además del alquiler de más de 133 locales donde operan numerosos tribunales.
Indican que lo anterior revela que de todo el presupuesto del Poder Judicial, el 96.7 por ciento se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que queda solo una ínfima cantidad, que es el 3.3 por ciento para gastos de capital, donde se incluye las inversiones y los proyectos de desarrollo.
Dijeron que ese último dato resulta alarmante, si se toma en cuenta que existen 98 tribunales creados por ley pendientes de ser puestos en funcionamiento.
Consideraron que actualmente existe un promedio de siete jueces por cada cien mil habitantes a nivel nacional y que en la provincia Santo Domingo, hay solo dos jueces por cada cien mil habitantes, lo que consideran una cifra realmente alarmante.
Expresan que el 50 por ciento de los servidores judiciales devengan un salario bruto inferior a 15 mil pesos mensuales, es decir, un 70 por ciento inferior al costo promedio de la canasta familiar.
Declararon que ante esa alarmante situación, tienen la firme determinación de luchar codo a codo con órganos de gobierno del Poder Judicial para poner fin a la historia de prosternación de cada año, al implorar un mayor presupuesto judicial.
Dicen tener la fe, la sensatez y la cordura además del buen juicio del Poder Ejecutivo, al momento de elaborar el Presupuesto General del Estado, a fin de que la propuesta presupuestaria sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la ley, como aspira la comunidad de jueces y juezas de la República.
Entienden que la lucha iniciada este lunes 1 de Agosto es una campaña de sensibilización dirigida a los poderes públicos y a las fuerzas vivas de la nación, en particular y a la ciudadanía en general, sin descartar el apoderamiento de las instancias judiciales y constitucionales competentes, si fuere necesario, con el fin de obtener la autonomía procurada, mediante la asignación del presupuesto que mandan la ley y la Constitución.
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