Por Periodista 23
Un fiscal adjunto de Higüey reveló ayer que mientras representaba al Ministerio Público en una querella por violación sexual a una alemana fue obligado a abandonar el caso, porque “alguien” le dijo que el acusado no podía caer preso.
César Alcántara se atrevió a narrar las irregularidades que en el manejo de expedientes han sido denunciadas en diferentes departamentos judiciales.
Este representante del Ministerio Público se refiere al proceso judicial que enfrentaba el español Ricardo Diez Conde, cuando en ese entonces se dio a conocer con la falsa identidad de Rubén Ramos.Diez Conde es un prófugo de la justicia dominicana, acusado de narcotráfico y lavado de activos, y quien logró escapar gracias a informaciones relacionadas con la investigación encaminada en su contra presuntamente suministrada por una fiscal adjunta adscrita a la fiscalía de la comunidad de Berón.
Con el nombre de Rubén Ramos, el nacional español era señalado como el responsable de violar sexualmente a la alemana Janka Paff.
En vez de recibir las atenciones judiciales que ameritaba su situación, cuando el caso fue declinado por mediación directa de ese “alguien” no identificado por Alcántara, la señora Paff recibió el más vil de los tratos.
La acusaron, incluso, de ramera y oportunista, por tan sólo arriesgarse a querellarse contra el importante inversionista que en ese momento era el señor Diez Conde, escondido bajo la identidad ficticia de Rubén Ramos.“Yo procedí a solicitar orden de arresto en contra del señor Rubén Ramos.
Un juez emitió la orden de arresto y se la dio a uno de los abogados que llevaban el caso y hubo un inconveniente porque alguien le dio supuestamente un permiso a Rubén Ramos para que saliera del país, no sé si por amistad o por consideración”, cuenta el fiscal Alcántara en conversación con El Caribe.
El funcionario judicial dice que casi transcurrido un mes de este hecho fue nuevamente arrestado en un aeropuerto de la capital y fue reenviado a la Fiscalía de Higüey en calidad de arrestado. “Yo, como llevaba la querella y entendía que había fundamento, procedí o intenté judicializar el caso y presentarlo ante el juez de la instrucción para tomarle la medida correspondiente.
Hubo algunos inconvenientes acá, de manera que se llegó a un acuerdo relativo a los golpes heridas (que recibió la señora Paff)”, explica Alcántara.
Tras lograr un acuerdo por los golpes y heridas, el español tenía pendiente una querella por violación sexual, por lo que el fiscal adjunto pretendía solicitar medidas de coerción. “En ese momento, una persona que no sé por qué razón lo hizo, me dijo que esa persona no iba a caer presa aquí. Que fuera a ver qué iba yo a hacer, porque aquí él no iba a caer preso”, lamenta Alcántara.
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